El Estado: Un siervo de la banca

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Por: Carlos Tuñón Sanz

En los últimos años han sido incesantes los ataques, especialmente desde la izquierda, a los banqueros por los apoyos que éstos reciben del poder público. Y qué duda cabe que ello supone un privilegio frente al resto de empresas y ciudadanos. Ahora bien, ¿a qué se debe que el sector financiero reciba este apoyo?, ¿está realmente justificado?

El origen de todo ello se encuentra en la desvirtuación que el contrato de depósito de dinero ha sufrido con el paso del tiempo a causa de las prácticas llevadas a cabo por el poder bancario a lo largo de la historia. Analicémoslo.

En primer lugar, el contrato de depósito de dinero originariamente –en el Derecho romano– era aquel por el que una persona entregaba a otra una cantidad para que esta la guardase y custodiase con la máxima diligencia. Quien recibiese el dinero en depósito tendría que restituirlo en cuanto el depositante lo solicitara mostrando un certificado que previamente le había sido entregado como prueba de que realizó el depósito.

Sin embargo, pronto esos certificados comenzaron a ser utilizados a modo de dinero, es decir, como medio de intercambio en transacciones comerciales. He aquí el punto crítico. Los banqueros, con su perspicacia habitual, vieron una gran oportunidad de negocio: emitir nuevos certificados sin que se hubiesen realizado los depósitos correspondientes y utilizarlos en el mercado.

Reserva Fraccionaria

Reserva Fraccionaria

¿Y ello qué efectos inmediatos tuvo? Que los bancos tan solo poseyeran en reserva una fracción del dinero total del que tendrían que responder si todos aquellos que poseen certificados acudiesen a retirar el dinero. Es decir, comenzaron a actuar con lo que se denomina reserva fraccionaria. Y respondían de las retiradas de dinero con depósitos de otros clientes, confiando en que las retiradas no fuesen lo suficientemente grandes como para hacerles quebrar –lo que tarde o temprano acababa sucediendo–.

Desde la perspectiva económica, es claro que se produce una expansión artificial de la cantidad de dinero que hay en la economía, lo que causaba incrementos generalizados en los precios. Así, el perjuicio era doble para los ciudadanos: por un lado, corrían el riesgo de perder su dinero si el banquero no podía responder ante una retirada masiva de depósitos, y por otro, veían cómo su poder adquisitivo disminuía considerablemente.

Los dirigentes, en lugar de actuar de inmediato para acabar con estas prácticas, las permitieron. Parece evidente que les interesaba tener el apoyo de los poderosos banqueros.

3Sin embargo, en la Inglaterra del siglo XIX se decidió poner fin a estas emisiones de certificaciones no respaldadas por depósitos. Se promulgó así la Bank Charter Act en 1844, que obligó a todos los banqueros privados a mantener un respaldo en oro equivalente a las emisiones de certificados que cada banco realizase.

En este momento, los banqueros tuvieron una salida sencilla para poder seguir utilizando los depósitos de los ciudadanos en su propio interés: comenzaron a centrar su negocio en realizar préstamos con el dinero de los depositantes, por lo que siguieron actuando con reserva fraccionaria hasta hoy.

Ahora bien, ¿cómo es posible que las quiebras bancarias hayan disminuido tanto respecto a otras épocas históricas si se ha generalizado el uso de la reserva fraccionaria? Muy sencillo. Y es justo en este punto en el que hemos de darles la razón a aquellos que, probablemente sin conocimiento de lo anteriormente expuesto, condenan los privilegios a los que los banqueros nos tienen acostumbrados.

Así pues, el poder público decidió crear una serie de instrumentos para prestarles apoyo cuando así lo necesitasen sin tener siquiera que consultarnos como ciudadanos. Veamos los 3 más llamativos.

En primer lugar encontramos los bancos centrales, que prestan dinero a la banca privada cuando esta se enfrenta a tensiones de liquidez –lo que no realiza con ninguna otra clase de empresa, ni por supuesto, con los particulares–. Esta función de la banca central la conocemos con el nombre de prestamista de última instancia.

Una segunda forma de apoyar al sector bancario a mantener la reserva fraccionaria desde el Estado es a través de los fondos de garantía de depósitos. Teóricamente garantizan parte de los ahorros de los ciudadanos, si bien es cuestionable si están dotados con suficiente dinero para ello. En EE.UU. este sistema se diseñó con la ley Glass-Steagall de 1933, que serviría como modelo para el sistema que tenemos en Europa actualmente.

Y por último, el tercer gran privilegio otorgado a los banqueros son los rescates directos con dinero de los contribuyentes. El caso más paradigmático en nuestro país es el de Bankia, cuyo rescate nos costó al conjunto de los europeos una cantidad superior a los 22.000 millones de euros que difícilmente recuperaremos en su totalidad.

1Estas tres vías de apoyo a la banca –imprescindibles mientras se mantenga la reserva fraccionaria– conllevan a que esta asuma sin ningún tipo de escrúpulos más riesgos de los que asumiría si fuese tratada como cualquier otra empresa o ciudadano. Y ello ha sido claro con las concesiones de hipotecas a todo aquel que las solicitaba entre los años 2002 y 2006, independientemente de que hubiese garantías suficientes de que pudiese devolver el dinero o no.

Parece claro entonces que lo que se necesita no es una mayor intervención del poder público en materia financiera, como alega gran parte de la izquierda, sino todo lo contrario: eliminar aquello que nunca deberíamos haber consentido –la generalización de la reserva fraccionaria– y suprimir cualquier clase de apoyo especial por parte del Estado a los banqueros.

¿Llegará un momento en el que estas medidas se tomen? A priori no podemos saberlo. Sin embargo, todo ello ha sido objeto de análisis recientemente en el parlamento británico a propuesta de los políticos conservadores Steve Baker y Douglas Carswell. Esperemos que, aunque sea por una vez, la izquierda y el sector conservador unan sus esfuerzos contra el enemigo común del abuso bancario para que los rescatados del mismo seamos, en esta ocasión, los ciudadanos.

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