Sobre la legitimación del gobierno del hombre

Paula Ramos Mollá

Caricature of Hannah Arendt by John Minnion

A Hannah también se le complicaba el género humano

Dándole vueltas al concepto contrato social encuentro dos diferenciaciones claras dentro del mismo término: una, aquella en la que el contrato que surge de manera esporádica y libre, emanando el poder del propio pueblo con la intención de constituirse como un solo ente político y, la segunda en referencia a la renuncia que establece dicho pueblo de sus propias libertades con el fin de ser gobernado por un tercero y constituir ya no una sociedad sino un gobierno – a decir verdad, no las encuentro yo, sino Hannah Arendt[1], pero como la apropiación de ideas últimamente tampoco está tan mal vista, si es disimulada, pues no lo voy a decir -. La distancia que separa a ambas acepciones es muy limitada, prácticamente inexistente en la filosofía política, la cual procede a partir del siglo XVII, a realizar una asimilación entre las dos con el propósito de fundamentar de manera lógica y coherente la formación de la sociedad y por tanto, del gobierno, aparentemente inherente a cualquier sociedad – de ahí su unión: formar sociedad es formar gobierno, con lo cual la teoría de su fundamentación debe ser la misma-. Mediante diversas fórmulas, los distintos filósofos contractuales se encargan de fundamentar la formación de sociedad y el gobierno a través del poder que para ellos resulta más adecuado; empero, en todos prevalece la idea del consentimiento y de la figura de Dios – ya sea para Locke mediante la concepción del derecho naturalista, otorgado por gracia divina,  para Hobbes en la constatación del propio Dios encaramado en el trono absolutista o incluso para Rousseau, para quien una religión de Estado se convierte en la última y mejor forma de legitimación del gobierno -. La diferencia aplicada de “los dos contratos” podemos observarla en lo que supone uno de los acontecimientos más consabidos de la historia de la humanidad: el “primer” contrato social, en la formación de los Estados Unidos de América, sin duda el caso más aproximado a las teorías de Locke, en donde una serie de hombre constituidos en diversas federaciones forman bajo su propia voluntad y con consentimiento explícito lo que supone ser una nueva entidad política; una nueva sociedad civil que más tarde, desembocará en la asunción del contrato en su segunda expresión: dará cuenta de la formación del gobierno federal republicano en la nueva sociedad constituida. Observando como ejemplo la Revolución Americana y la constitución de su gobierno surgen, por tanto, dos conclusiones manifiestas: en primer lugar, el papel asumido por la Constitución como contrato social manifiesto – en sus diversas formas – y en segundo lugar, la legitimación de la sociedad mediante la misma.

         Hasta aquí, retomemos las siguientes ideas: primero, el poder de constituir la sociedad y el gobierno nace, por tanto, de un contrato social; segundo, dicho contrato se halla refrendado por la idea del voluntarismo – centrémonos en la versión de Locke -, es decir, por la voluntad de las personas de aprobar y refrendar dicha sociedad y de ceder ante la regencia de un gobierno que proteja sus libertades naturales, y, tercero, existe una clara relación entre la constitución ejemplar de los Estados Unidos con la constitución social narrada en el contrato. Por tanto, observamos una Constitución que cumple un papel contractual y que queda legitimada en cuanto que el pueblo la refrenda, pero que, sin embargo, al igual que la teoría de Locke, necesita de la ayuda y la presencia de un poder omnipotente que la sancione con la pretensión de establecer una inviolabilidad del mismo. La Constitución queda refrendada de manera material tan solo por la anterior Declaración de Independencia que a su vez, se basa en una ideología liberal equiparable a la de Locke, cuyos principios residen en la “las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza” que “le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad” y que le “exige que declare las causas que lo impulsan a la separación”, esto es, la independencia es justa en la medida en que la decide la propia voluntad del pueblo americano basada en los derechos que le otorga Dios. No es otra la fuente de la legitimidad social que Dios mismo, que en base a la creencia de unos derechos naturales, injustificables de otra manera para la conciencia dieciochesca que no sea a través de esta figura omnipotente, necesitan ser refrendados si se quiere garantizar el poder del pueblo a constituirse como independiente – lo mismo sucede en Locke, para quien la inviolabilidad de la libertad, vida y propiedad del hombre reside en la religión cristiana -; la necesidad de validez universal de unos axiomas supuestamente obvios para el hombre como son su derechos, reside en Dios, puesto que cualquier hombre puede ser rebatido por su igual. Ergo, la Constitución y la Independencia figuran como incuestionables puesto que su poder no emana de los mortales, aunque en un principio aparezca únicamente refrendada por la voluntad del pueblo, mas es comprendida como suprema en cuanto que en realidad la refrenda Dios. Sin embargo, esto ralla, sin duda, con las cuestiones revolucionarias y la validez misma de la Revolución; la divinidad sirve de legitimación para el orden imperante, en apariencia eterno, por tanto, ¿cómo puede el pueblo futuro legitimar los cambios sociales a través de la revolución? ¿Cómo puede éste rebelarse contra Dios? Sin duda, esta concepción choca contra el concepto de “continua revolución” que abraza Jefferson; éste último, consciente de que la Revolución y sus máximas reformistas tocarían a su fin una vez establecido el gobierno, temía por el fin del propio espíritu revolucionario. Para Jefferson, la constitución y el gobierno debían estar sometidos a la continua revisión de los grupos asamblearios municipales, dispuestos al cambio según la predisposición de los integrantes del contrato – es decir, debía prevalecer la voluntad del pueblo frente a la voluntad de Dios en la batalla aparente que se produce en el contrato social en la que se encuentran el consentimiento popular y la ley divina -. Por supuesto, el fracaso del sistema asambleario, similar al de las sociedades revolucionarias de la Revolución Francesa o los soviets rusos, es patente; el sistema de partidos y la Constitución han permanecido como algo inalterable a lo largo de los siglos, constituidos como sagrados per se, hecho que los países europeos parecen haber extrapolado a sus dominios políticos. Aparece finalmente, la confrontación entre legitimación social y política y el cambio, valga la redundancia, político y social: la justificación del uno aparece en oposición con el otro. Nuestras sociedades parecen no comprender la idea de revisión política, de espíritu revolucionario – la revolución siempre es mala sin la perspectiva del tiempo – o de la desobediencia civil. La legitimidad de un sistema político y social debe basarse en la construcción realizada en el tiempo en que se vive, a petición del pueblo que lo construye y no ser el lastre histórico, dogmático e irreversible de otras épocas guiadas por una aspiración idealista. Los mecanismos políticos deben adaptarse a la revisión de los mismos y valorar una aproximación desde un punto de vista donde la desobediencia civil no presupone un conflicto sino un derecho e incluso un deber del ciudadano; un punto de vista de continua revolución más que de revoluciones armadas encabezadas bajo una ideología dogmática. Sigue siendo Dios, o la ciencia infusa, la que delimita el radio de acción del hombre y no el hombre mismo, ya que éste necesita de su figura divina – o algo que se le parezca; cualquier objeto divinizado – para otorgarle la legitimación social necesaria puesto que las acciones de él mismo parecen no ser válidas a su propia razón; la sociedad, sin embargo, no necesita una legitimación divina y eterna, sino una simple legitimación material que acarree consigo la concepción cambiante de la misma y ratifique el poder del pueblo sobre su propio destino.

[1]    ARENDT, Hannah, Sobre la revolución, Alianza Editorial: Madrid, 2006.

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